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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PROGRAMA EDUCATIVO: Ciencias Políticas y Administración Pública

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Política Comparada (Disciplinaria Obligatoria)

LA POLÍTICA COMPARADA: SU MÉTODO Y SU APLICACIÓN

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN:

Mtra. Laura Elizabeth Benhumea González


Introducción

El presente material pretende facilitar al estudiante el acceso a los contenidos expuestos en clase para su reforzamiento. Así mismo, recomendar lecturas que refuerzan el proceso de adquisición del conocimiento y allegar información general del desarrollo del curso como el programa de estudio, la bibliografía de lectura obligatoria y recomendada, la escala evaluativa, entre otros recursos.

Adicionalmente este material, permite a los estudiantes que lo consultan, observar noticias y videos relacionados con el tema, leer ponencias y trabajos publicados en internet sobre la temática tratada y conocer noticias o comunicados de los profesores de la unidad de aprendiza

La información contenida en este recurso, pretende coadyuvar al cumplimiento de los objetivos planteados en el programa de estudio de la unidad de aprendizaje que en términos generales enuncian: "Analizar los diferentes enfoques teóricos utilizados en el estudio comparado de los fenómenos políticos y los principales problemas metodológicos que enfrenta esta subdisciplina de la ciencia política, con el propósito de adquirir una herrmienta útil en el control de las generalizaciones.

Este recurso informático y académico, permite además que el alumno desarrolle algunos tipos de habilidades como lo son la búsqueda de información, el análisis de información, la elaboración de reportes y opiniones de acuerdo a criterios establecidos, resolver eámenes vía electrónica, entre otras.

Como complemento al presente, se cuenta con un blog de participación activa de los alumnos, en donde publican trabajos solicitados y sus comentarios respecto al desarrollo del curso.

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Política Comparada (Aproximación al concepto)

La Política comparada es un subcampo de la Ciencia Política, caracterizada por una aproximación empírica basada en el método comparativo.

De hecho, la política comparada no tiene un foco sustantivo en sí misma, sino más bien uno metodológico: se enfoca en el cómo, pero no especifica el qué del análisis.[1]

La política comparada no está definida por el objeto que estudia, sino más bien por el método que aplica al estudio de fenómenos políticos. Cuando se aplica a campos específicos de estudio, la política comparada puede tomar otros nombres, como por ejemplo Gobierno comparativo (el estudio comparativo de formas de gobierno) o Política exterior comparada (que compara la política exterior de diferentes estados para establecer conexiones empíricas generales entre las características del Estado y las características de su política exterior).

El Método Comparativo

Junto con el método empírico, el método estadístico y el estudio de caso, el método comparativo es uno de los métodos científicos fundamentales que puede ser usado para probar la validez de proposiciones empíricas generale, esto es, para establecer relaciones empíricas entre dos o más variables mientras todas las otras variables se mantienen constantes.

En particular, el método comparativo es generalmente usado cuando ni el método experimental ni el estadístico pueden ser empleados: por un lado, solo raramente pueden ser conducidos experimentos en ciencia política ; por otra parte, el método estadístico implica la manipulación matemática de datos cuantitativos sobre un gran número de casos, mientras que la investigación políticas algunas veces debe ser conducida analizando el comportamiento de variables cualitativas en un pequeño número de casos.

La aproximación de estudio de caso no puede ser considerada un método científico de acuerdo a la definición anterior; sin embargo, puede ser usado para ganar conocimiento sobre casos singulares, los mismos que pueden ser puestos en comparación de acuerdo al método comparativo.


Método comparativo

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/M/metodocomparativo_b.htm

De: Iván Llamazares Valdueco

Una de las peculiaridades más importantes de las ciencias sociales consiste en la imposibilidad de resolver experimentalmente los problemas más importantes planteados en esta área de conocimiento (Nohlen, 1988).

Esta característica, hace imprescindible el recurso los métodos estadístico y comparativo. El método estadístico, en el cual las relaciones entre los distintos elementos considerados intentan ser definidas con precisión cuantitativa, presenta dificultades considerables a la hora de ser aplicado a ciertos objetos de estudio. Esto es así debido fundamentalmente a que los problemas estudiados por las ciencias sociales se caracterizan a menudo por la escasez del número de casos y por lo elevado del número de variables intervinientes (Lijphart, 1971).

En particular, los fenómenos políticos para los cuales los Estados-nacionales son las unidades básicas de análisis dificultan, aunque no imposibilitan, la utilización de análisis estadísticos. Además, en numerosos estudios, a la difícil operacionalización de ciertas variables y a su número elevado hay que añadir el hecho de que éstas actúan de formas diferentes dependiendo de la presencia o ausencia de otros elementos contextuales. De ahí que el método estadístico confronte dificultades especiales en el análisis de los fenómenos políticos. Por ello a menudo resulta imprescindible recurrir al método comparativo para sopesar la influencia de unos y otros factores sobre los que se considera variable dependiente.

Desde una perspectiva "positivista" se ha considerado que la finalidad del análisis comparativo consiste en la producción de generalizaciones de orden causal referidas a las relaciones entre las variables observadas en el marco de la investigación. Las comparaciones son diseñadas a fin de evaluar el carácter de tales relaciones causales. Por tanto, las comparaciones pueden dar lugar a la comprobación temporal o a la refutación de generalizaciones de orden causal.

Se comprende igualmente que el diseño de este tipo de investigación esté motivado por la definición de problemas específicos: como se relacionan unas y otras variables cuando las variables de control se mantienen constantes.
La debilidad de esta aproximación al análisis comparativo se basa, en primer lugar, en las limitaciones de las generalizaciones de orden causal en las ciencias sociales. La dificultad de establecer de generalizaciones válidas de este tipo en las ciencias sociales ha sido subrayada en numerosas ocasiones, y se relaciona básicamente con la centralidad de los aspectos cognitivos en las interacciones humanas.

Tal centralidad ha sido subrayada en las reflexiones que sobre las ciencias sociales han realizado autores con perspectivas tan diversas como Karl Popper y Alasdair MacIntyre. La misma tiene que ver con los caracteres estratégicos de las interacciones humanas analizados por la teoría de juegos, y con lo que Popper ha denominado la influencia del "universo de los significados abstractos" (promesas, demostraciones, mitos, etc.) en la vida social (Popper, 1972: 230; MacIntyre, 1984: 88-108).

A causa de tales factores, la revisión de las concomitancias y diferencias con que se presentan determinados fenómenos políticos sólo proporcionará información valiosa sobre las conexiones causales existentes entre estos últimos en el caso de que integre los factores intelectivos que condicionan la acción social. Por estos motivos, un análisis satisfactorio de las realidades políticas no puede agotarse en los vínculos denotados por la expresión a causa de, y exige plantear los fenómenos políticos en los términos definidos por la expresión a fin de (Bernstein, 1976: 152-167). Este hecho limita claramente las posibilidades de encontrar conexiones regulares y necesarias entre los fenómenos políticos.

Y se comprende que sea así, si se tiene en cuenta que las respuestas de individuos y actores sociales ante situaciones aparentemente similares variarán muy significativamente. De hecho, la misma enunciación de generalizaciones sobre los fenómenos sociales permitirá a los actores que sean conscientes de las mismas modificar inmediatamente su comportamiento y, por tanto, eliminar, restringir o reforzar la validez de tales generalizaciones (MacIntyre, 1984: 88-108).

Por otra parte, como han señalado distintos autores (Weber, 1990; Ragin, 1987), un fin presente en cualquier investigación desarrollada en esta disciplina consiste en la explicación de fenómenos específicos, de las causas por las que estos últimos tuvieron unas y no otras características. Por ejemplo, no sólo nos interesa establecer si existe una relación de carácter general entre determinados aspectos de la estructura social y los regímenes políticos imperantes en cada sociedad, sino también averiguar por qué ciertas sociedades específicas tienen o han tenido unos regímenes y no otros, así como entender las características singulares de las acontecimientos políticos que han tenido lugar en las mismas.

El análisis comparativo de todos los casos pertinentes (aquellos en los que están presentes los factores causales que se consideran relevantes y/o los tipos de proceso o resultado político que se pretende explicar) resulta imprescindible para establecer inferencias causales de carácter general y para facilitar la comprensión de los casos específicos analizados. Sin embargo, por diversos motivos, algunos de ellos característicos de toda práctica científica (Hempel, 1960) y otros propios exclusivamente de las ciencias sociales (ver arriba), es a menudo imposible predecir el desarrollo de acontecimientos y procesos políticos específicos a partir de leyes causales de rango universal. Puesto que nuestra disposición a comprender los hechos sociales se orienta en buena medida hacia acontecimientos, objetos y procesos singulares por los que sentimos un interés especial, es claro que, en el ámbito de las ciencias sociales, la actividad investigadora no puede limitarse a la producción de normas generales y pretendidament universales.

Por estos motivos, más que como un mecanismo destinado a la producción de normas causales de vocación universal, parece conveniente concebir la comparación como un proceso orientado a la explicación de fenómenos y procesos específicos a partir del conocimiento de la existencia de vínculos (probables, más que necesarios) entre los distintos factores relevantes que configuran los fenómenos políticos. A diferencia de los análisis históricos clásicos, un análisis comparado de las características antes mencionadas se interesará por trazar vínculos generales entre los distintos fenómenos políticos a partir del análisis de los casos relevantes para nuestra investigación y a la luz de los argumentos teóricos más sólidos y coherentes con los casos analizados. Es mediante la explicitación de tales vínculos generales que los caracteres de los procesos políticos singulares que interesan a los investigadores se hacen inteligibles. Al mismo tiempo, esos mismos vínculos generales sirven para definir las aristas singulares de cada proceso político específico. En este punto confluyen las dimensiones explicativas e interpretativas del análisis de los fenómenos políticos.

En este sentido, el uso de este método en las ciencias sociales no está subordinado al propósito último de establecer generalizaciones causales de rango pretendidamente universal. Más bien, el método comparativo puede servir al fin de esclarecer procesos históricos singulares a partir de la comprobación de ciertas conexiones probables entre determinados fenómenos políticos. Es por estos motivos que la aplicación de este método de análisis debe asentarse en una comprensión crítica del estudio de la sociedad, una comprensión que eluda tanto la reificación idealista de las categorías espirituales como los riesgos inherentes a una visión puramente objetivista de los fenómenos políticos (Habermas, 1988: 20-21).

Estrategias comparativas

Varias estrategias diferentes pueden ser usadas en la investigación comparativa.

El método de la diferencia de Mill: Consiste en comparar varios casos similares que solo difieren en la variable dependiente, asumiendo que esto hará más fácil encontrar aquellas variables independientes que explican la presencia o ausencia de la variable dependiente.

El método de semejanza de Mill: Consiste en comparar varios casos diferentes, todos los cuales tienen en común la misma variable dependiente, por lo que cualquier otra circunstancia que esté presente en todos los casos pueden ser considerada como la variable independiente.

TEMA 15. POR QUÉ SON NECESARIAS LAS INSTITUCIONES

En una unidad de la amplitud de un país, estas instituciones democráticas de una poliarquía democrática son necesarias para satisfacer los siguientes criterios democráticos:


¿Por que (y cuándo) exige la democracia representantes electos?
Cuando la atención sobre el gobierno democrático se trasladó a unidades a gran escala, tales como naciones o países, se suscitó la siguiente pregunta: ¿Cómo pueden los ciudadanos participar efectivamente si el número de ciudadanos llega a ser tan grande o a estar geográficamente tan disperso (o ambos casos, como en un país) como para que puedan participar convenientemente y dictar leyes en asambleas que se reúnan en un mismo lugar? ¿Y cómo pueden asegurarse que los asuntos que más les conciernen son adecuadamente atendidos por los cargos públicos, es decir, como pueden los ciudadanos controlar la agenda de las decisiones gubernamentales?

Satisfacer estas exigencias democráticas en una unidad poli tica de la extensión de un país es, desde luego, enormemente difícil; es, de hecho, casi inalcanzable. Pero, al igual que ocurre con los otros criterios democráticos de gran exigencia, puede servir, también aquí, como baremo para evaluar posibilidades y soluciones alternativas. Claramente, los requisitos no podrían ser satisfechos si los más altos cargos del gobierno pudieran fijar la agenda y adoptar políticas con independencia de los deseos de los ciudadanos. La única solución factible, aunque es muy imperfecta, es que los ciudadanos elijan a los cargos más importantes y los sometan a una rendición de cuentas más o menos eficaz a través de las elecciones, despidiéndoles, por así decir, en elecciones sucesivas.

Esta solución non parece obvia. Pero lo que a nosotros puede parecernos evidente no lo era tanto para nuestros predecesores.

Hasta hace bien poco la posibilidad de que los ciudadanos pudieran designar y rechazar a los representantes dotados de la autoridad de hacer las leyes a través de las elecciones siguió siendo bastante infrecuente, tanto en la teoría como en la práctica de la democracia. Como vimos también, la elección de los representantes se fue desarrollando principalmente a lo largo de la Edad Medía, cuando los monarcas hubieron de admitir que, para imponer tributos, sostener un ejército, y hacer las leyes, debían contar con el consentimiento de la nobleza, el alto clero, y de algunos hombres comunes -no tan comunes- en las más grandes poblaciones y ciudades.

Hasta el siglo XVIII, por tanto, la perspectiva común era que gobierno democrático y republicano equivalía al gobierno del pueblo, y si el pueblo había de gobernar, debía reunirse en asamblea en algún lugar y votar sobre decretos, leyes o políticas. La democracia debía ser democracia de asamblea de ciudad*; la democracia representativa era una contradicción en los términos. Consecuentemente, ya sea de forma implícita o explícita, una república o una democracia solo podía existir en una pequeña unidad, como una ciudad u otra población. Los escritores que sostuvieron esta idea, como Montesquieu o Jean Jacques Rousseau, eran perfectamente conscientes de las desventajas de un pequeño Estado, particularmente cuando había de enfrentarse a la superioridad militar de un Estado mucho más amplio, y eran, por tanto, extremadamente pesimistas respecto a las perspectivas futuras de la democracia genuina.
Pero la perspectiva convencional fue rápidamente superada y abandonada por los fuertes embates del Estado nacional. El mismo Rousseau comprendió claramente que el gobierno de un país del tamaño de Polonia (para el que diseñó una constitución), exigiría necesariamente la representación. Y, poco después, con la llegada de la democracia a América, la concepción convencional desapareció ya del escenario de la historia.

Todavía en 1787, cuando la Convención Constitucional se reunió en Filadelfia para diseñar una constitución apropiada para un extenso país con una población en creciente aumento, los delegados eran plenamente conscientes de la tradición histórica. ¿Acaso podía existir una república a la inmensa escala que ya habían desarrollado los Estados Unidos, sin contar el aún mayor tamaño que habían previsto los delegados?4. Con todo, nadie cuestionaba que si habría de existir una república en América, tendría la forma de una república representativa. Debido a la larga experiencia de la representación en los cuerpos legislativos coloniales, en los de los Estados y en el Congreso Continental, la viabilidad del gobierno representativo era algo que estaba fuera de duda.

Hacia mediados del siglo XIX, la concepción tradicional fue ignorada, olvidada o, si acaso era recordada, se consideraba irrelevante. "Es evidente", escribió John Stuart Mill en 1861,
que el único gobierno que puede satisfacer plenamente todas las exigencias del Estado social es aquel en el que participa todo el pueblo; que cualquier participación, incluso en las más nimias funciones publicas, es útil; que la participación debe ser tan amplia en todas partes como permita el nivel general de mejoramiento de la comunidad; y que nada puede ser tan deseable en ultimo termino como la admisión de todos a compartir el poder soberano del Estado. Pero dado que, en una comunidad que exceda el tamaño de una pequeña población, todos no pueden participar personalmente sino en
unos pocos delegados predijeron osadamente que los Estados Unidos podrían llegar a alcanzar hasta cien millones de habitantes. Esta cifra fue alcanzada en 1915.


¿Por qué requiere la democracia elecciones libres, imparciales y frecuentes?

Como hemos visto, si aceptamos la conveniencia de la igualdad política, entonces todo ciudadano debe tener una oportunidad igual y efectiva de votar, y todos los votos deben contarse como iguales. Si ha de realizarse la igualdad de voto, la consecuencia es que las elecciones deben ser libres e imparciales. Con todo, no basta con que las elecciones sean libres e imparciales. ¡Imaginemos la elección de representantes por un periodo de, digamos, veinte años! Si los ciudadanos han de conservar el control final de la agenda, las elecciones han de ser también frecuentes.

Cómo llevar a la práctica elecciones libres e imparciales no es algo obvio. A finales del siglo XIX, la votación secreta comenzó a reemplazar a la pública "a mano alzada". Aunque la votación publica tiene todavía algunos defensores, el voto secreto se ha convertido en el criterio general; un país en el que sea ampliamente vulnerado seria enjuiciado como carente de elecciones libres e imparciales. Pero el debate continúa en lo relativo a la naturaleza del sistema electoral que mejor satisface los criterios de la imparcialidad. ¿Es más imparcial un sistema de representación proporcional (RP), como el utilizado en la mayoría de los países democráticos, que el sistema First-Past-the-Post* aplicado en Gran Bretaña y los Estados Unidos? Pueden ofrecerse argumentos razonables a favor de uno u otro, como veremos cuando volvamos sobre esta cuestión en el capitulo XI. En las discusiones sobre los distintos sistemas electorales, se asume, sin embargo, la necesidad del rasgo de la imparcialidad; la forma mejor de alcanzar la imparcialidad y otros objetivos razonables es simplemente una cuestión técnica.

¿Con qué frecuencia deben celebrarse las elecciones?
A juzgar por las prácticas en los países democráticos durante el siglo XIX, una tosca respuesta podría ser que las elecciones anuales para los representantes del poder legislativo sería demasiado frecuente, y todo lo que excediera los cinco años sería demasiado largo. Obviamente, sin embargo, los demócratas pueden tener un desacuerdo razonable sobre el intervalo especifico y sobre como haya de variar en función de los distintos cargos y las diferentes prácticas tradicionales. La cuestión es que sin elecciones frecuentes, los ciudadanos perderían un sustancial grado de control sobre sus cargos electos.

¿Por que requiere la democracia la libertad de expresión?
La libertad de expresión se requiere, en primer lugar, para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la vida política. ¿Cómo pueden los ciudadanos hacer que sus distintas perspectivas sean conocidas y persuadir a sus conciudadanos y a sus representantes de que las adopten si no pueden expresarse libremente sobre todas las cuestiones que afectan a la dirección del gobierno? Y si han de tomar en consideración los puntos de vista de los otros, deben estar en condiciones de escuchar lo que otros tengan que decir. La libertad de expresión no solo significa que alguien tenga el derecho a ser oído. Presupone también que alguien tiene el derecho a escuchar lo que otros tengan que decir.
Adquirir una comprensión ilustrada de las acciones y políticas gubernamentales posibles también exige la libertad de expresión. Para acceder a la competencia cívica, los ciudadanos precisan de oportunidades para expresar sus propios puntos de vista; para aprender unos de otros; para entablar discusiones y deliberaciones; para leer, escuchar e inquirir a los expertos, a los candidatos políticos y a las personas en cuyo juicio confían; y para aprender por otros medios que se sustentan sobre la libertad de expresión.

Finalmente, sin la libertad de expresión los ciudadanos enseguida acabarían perdiendo su capacidad de influir en la agenda de las decisiones políticas. Los ciudadanos silenciosos pueden ser súbditos perfectos de un gobernante autoritario; serian un desastre para la democracia.

¿Por que requiere la democracia la disponibilidad de fuentes de información alternativas e independientes?

Al igual que la libertad de expresión, la disponibilidad de fuentes de información alternativas e independientes es exigible por algunos de los criterios democráticos básicos; tomemos la necesidad de la comprensión ilustrada. ¿Cómo es posible que los ciudadanos adquieran la información que precisan para comprender los diferentes asuntos si el gobierno controla todas las fuentes importantes de información; o, lo que es lo mismo, si un único grupo goza de un monopolio informativo?

Los ciudadanos deben, pues, tener acceso a fuentes de información alternativas que no estén bajo el control del gobierno o dominadas por cualquier otro grupo o concepción política especifica.
O consideremos los requisitos de la participación efectiva y la posibilidad de influir en la agenda. ¿Cómo podrían los ciudadanos participar efectivamente en la vida política si toda la información que pueden obtener proviene de una única fuente, el gobierno, por ejemplo, o, para el caso, un partido, facción, o interés único?

¿Por que requiere la democracia asociaciones independientes?
Como ya hemos visto, aceptar la necesidad de las asociaciones políticas-grupos de interés, grupos de presión, partidos políticos- supuso un giro radical en las formas de pensamiento convencionales. Si las grandes repúblicas exigen que haya representantes electos, ¿cómo ha de organizarse la competición electoral? Crear una organización como, por ejemplo, un partido político, dota de una ventaja electoral obvia a un grupo político. Y si un grupo trata de hacerse con esa ventaja, ¿no lo harán también otros que están en desacuerdo con sus políticas? ¿Y por qué ha de cesar la actividad política entre las elecciones? Puede influenciarse a los legisladores; se pueden avanzar causas, promover políticas, buscar designaciones.

Así, contrariamente a lo que ocurre en una ciudad o población pequeña, la gran escala de la democracia en un país hace que las asociaciones políticas sean a la vez necesarias y deseables. En todo caso, ¿cómo se puede evitar que interfieran en el derecho fundamental de los ciudadanos de participar efectivamente en el gobierno? Así pues, en una república extensa, no sólo son necesarias y deseables sino inevitables. Las asociaciones independientes son también una fuente de educación cívica, e ilustración. Dotan a los ciudadanos de información, y también de oportunidades para la discusión, la deliberación, y la adquisición de habilidades políticas.

¿Por que requiere la democracia la ciudadanía inclusiva?

La respuesta se encuentra, desde luego, en las razones que nos condujeron a las conclusiones del ultimo capitulo. Apenas necesitamos repetirlas aquí.


Para un país que carezca de una o varias de estas instituciones -y en esta medida no esta suficientemente democratizado-, el conocimiento de las instituciones políticas básicas puede ayudarnos a diseñar una estrategia para llevar a cabo una transición plena a una democracia representativa moderna. Pare aquel país que haya acabado recientemente de hacer la transición, este conocimiento puede servirnos de información sobre las instituciones cruciales que deben ser fortalecidas, profundizadas y consolidadas. Al ser todas ellas necesarias para una democracia representativa moderna (democracia poliárquica), podemos contemplarlas también como constituyendo un nivel de democratización mínimo.

Quienes vivimos en democracia más antiguas, en las que la transición a la democracia ocurrió hace ya algunas generaciones y las instituciones señaladas en el cuadro ó están ya sólidamente establecidas, nos enfrentamos a un desafío diferente e igual de difícil. Pues aunque dichas instituciones sean necesarias para la democratización, no son de ningún modo suficientes para conseguir la plena realización de los criterios democráticos que figuran en el cuadro 6 y fueron descritos en el capitulo IV. ¿Acaso no estamos capacitados, e incluso obligados, a enjuiciar nuestras instituciones democráticas utilizando el rasero de dichos criterios? A mí, como a tantos otros, me resulta evidente que, vistas a partir de los criterios de la democracia, nuestras instituciones políticas concretas exhiben muchas insuficiencias.

Consecuentemente, del mismo modo que precisamos de estrategias para llevar a cabo una transición a la democracia y para consolidar las instituciones democráticas en países democráticos recientes, en los países democráticos más antiguos debemos plantearnos si hemos de avanzar más allá de nuestro actual nivel de democracia y como hacerlo.
16 www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Permítanme formularlo de la siguiente manera. En muchos países la tarea consiste en alcanzar la democratización hasta el nivel de la democracia poliárquica. Pero el desafío para los ciudadanos en las democracias más antiguas reside en descubrir cómo pueden llegar a conseguir un nivel de democratización más allá de la democracia poliárquica.

FUENTE: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Dahl.pdf

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